Los denominados riesgos ESG (los relativos a factores medioambientes, sociales y de gobernanza) han cobrado en los últimos años una indudable importancia en la gestión del riesgo y la estrategia de negocio de las entidades financieras.
Los riesgos ESG o riesgos de sostenibilidad incluyen aquellos riesgos relativos a los impactos del cambio climático tanto físicos como de transición o adaptación a una nueva economía “verde”, los asociados a consideraciones sociales que deben cumplir las actividades económicas (reducción de la desigualdad, crecimiento inclusivo, relaciones laborales, derechos humanos…) así como a factores de gobierno (estructura de gestión, relación con empleados, remuneración de los directivos, cumplimiento fiscal y normativo).
Estos riesgos ESG se pueden traducir en riesgos financieros “tradicionales” como riesgo de crédito o de mercado, así como riesgos no financieros, como riesgos operacionales o reputacionales, entre otros.
La Agenda 2030 de la ONU en 2015, fijando 17 objetivos globales de desarrollo sostenible, y el Acuerdo de París sobre cambio climático ese mismo año han supuesto un importante impulso al concepto de desarrollo económico sostenible y también al de unas finanzas sostenibles. En marzo 2018 la Comisión Europea publicó su plan de acción sobre financiación de un crecimiento sostenible con 3 objetivos:
- Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo;
- Gestionar los riesgos financieros que se derivan del cambio climático, la degradación del medioambiente y de problemáticas sociales; y
- Fortalecer la transparencia y la visión de largo-plazo en la actividad económica y financiera.
En el ámbito privado los inversores son cada vez más sensibles a que las compañías cumplan con criterios de sostenibilidad en su actividad mientras que los reguladores y supervisores financieros los están incorporando de forma creciente al marco regulatorio y de supervisión de las entidades financieras.